En la primera sesión del año con su nueva composición, el Senado aprobó el Presupuesto Nacional para el ejercicio 2026 y convirtió en ley el proyecto conocido como Ley de Inocencia Fiscal, introduciendo cambios estructurales en la relación entre el fisco y los contribuyentes.

Aprobación del Presupuesto 2026

El Presupuesto fue aprobado con una amplia mayoría, fijando las pautas económicas y fiscales para el año 2026. Su sanción brinda previsibilidad en materia de gasto público, recaudación y política tributaria.

¿Qué es la Ley de Inocencia Fiscal?

La Ley de Inocencia Fiscal propone un cambio de paradigma en la fiscalización, estableciendo la presunción de veracidad de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma por los contribuyentes.

Bajo este nuevo esquema, ARCA deberá acreditar inconsistencias relevantes antes de cuestionar la buena fe fiscal.

Reforma del Régimen Penal Tributario

Uno de los puntos centrales es la actualización de los umbrales de punibilidad, orientando la persecución penal a casos de evasión relevante:

  • Evasión simple: de $1.500.000 a $100.000.000.
  • Evasión agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000.
  • Evasión de la seguridad social: de $200.000 a $7.000.000.
  • Uso de facturas apócrifas: de $1.500.000 a $100.000.000.

Extinción de la acción penal y prescripción

La ley incorpora mecanismos de extinción de la acción penal mediante la regularización fiscal, permitiendo evitar acciones penales con el pago total de las obligaciones adeudadas.

Asimismo, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años.

Régimen simplificado y “dólares del colchón”

Se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada para contribuyentes con patrimonios de hasta $10.000 millones, con el objetivo de incentivar la formalización de moneda extranjera no declarada.

El impuesto a las ganancias se determinará exclusivamente sobre los ingresos facturados, sin fiscalización del incremento patrimonial.

Impacto para los contribuyentes

Estas modificaciones representan un cambio profundo en la política fiscal, reduciendo la litigiosidad y otorgando mayor seguridad jurídica.

Resulta clave analizar cada situación particular para evaluar el impacto de la nueva normativa y aprovechar sus beneficios de manera adecuada.